La Ley de Costas es la legislación española que se encarga de proteger el dominio público marítimo-terrestre, tanto a nivel de utilización, como de política, haciendo hincapié en la ribera marítima.
Esta Ley ha ido sufriendo modificaciones en referencia a la protección del litoral. La Unión Europea señala que la primera aplicación de la Ley (1988) no llegó a producirse en todo el territorio español. Además, las posteriores modificaciones, como la que tuvo lugar en 2013, suaviza los niveles de protección en favor de la ocupación y las actividades económicas.
Los objetivos redactados en la Ley fijan que la administración pública debe:
- Acotar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y conservación, a través de medidas de protección y restauración.
- Garantizar el uso público del mar.
- Regular el uso racional de los bienes con respeto al paisaje, el medio ambiente y el patrimonio histórico.
- Conseguir y mantener la calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Esta Ley pretende luchar, por tanto, contra actividades como el desarrollo urbanístico excesivo y no-sostenible, referido a las amenazas asociadas con la expansión de actividades humanas en las zonas costeras y marinas para el desarrollo de infraestructuras urbanas; como por ejemplo la construcción de puertos, complejos turísticos, urbanizaciones costeras, muelles u otros proyectos urbanos.
Estas actividades representan un fuerte impacto en el medio ambiente con la pérdida de hábitats costeros, la sedimentación y contaminación, la alteración de la calidad del agua, el daño en la flora y fauna marina o el riesgo de eventos extremos, convirtiendo las áreas urbanizadas cerca de la costa en blancos más vulnerables.
Sí que es cierto que, las acciones se deben tomar desde las administraciones y autoridades; sin embargo, los ciudadanos también podemos realizar acciones que ayuden a combatir este riesgo que amenaza mares y océanos, como por ejemplo, conocer y estar informado de la legislación vigente, consultar el visor de Dominio Público-Marítimo-Terrestre del Ministerio a la hora de adquirir una vivienda, proteger y respetar las reservas litorales y marinas o generar hábitos domésticos que sean amigables con el medio ambiente.
La Ley de Costas, como cualquier Legislación que se elabora desde un gobierno nacional en términos de naturaleza, debe velar por la protección del medio ambiente, entendiendo que existen ciertas acciones humanas que pueden generar un gran impacto.
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The Coastal Law is the Spanish legislation in charge of protecting the maritime-terrestrial public domain, both in terms of use and policy, with emphasis on the maritime shore.
This law has undergone several modifications with regard to the protection of the coastline. The European Union points out that the first application of the Law (1988) did not cover the entire Spanish territory. In addition, subsequent amendments, such as the one that took place in 2013, softened the levels of protection in favour of occupation and economic activities.
The objectives set out in the Law stipulate that the public administration should:
– Enclose the maritime-terrestrial public domain and ensure its integrity and conservation, through protection and restoration measures.
– Guarantee the public use of the sea.
– Regulate the rational use of the assets with respect for the landscape, the environment and the historical heritage.
– To achieve and maintain the quality of the waters and the seashore.
This Law aims to combat, therefore, activities such as excessive and unsustainable urban development, referring to the threats associated with the expansion of human activities in coastal and marine areas for the development of urban infrastructures, such as the construction of ports, tourist complexes, coastal housing developments, docks or other urban projects.
These activities represent a strong impact on the environment with the loss of coastal habitats, sedimentation and pollution, alteration of water quality, damage to marine flora and fauna or the risk of extreme events, making urbanised areas near the coast more vulnerable targets.
It is true that actions must be taken by the administrations and authorities; however, citizens can also take actions that help to combat this risk that threatens seas and oceans, such as, for example, knowing and being informed of the current legislation, consulting the Ministry’s Public-Maritime-Terrestrial Domain viewer when purchasing a home, protecting and respecting coastal and marine reserves or generating environmentally friendly domestic habits.
The Coastal Law, like any other legislation drafted by a national government in terms of nature, must ensure the protection of the environment, understanding that there are certain human actions that can have a great impact.
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